La causa judicial contra la AFA se expande en múltiples frentes, revelando un intrincado entramado de presuntas irregularidades financieras y societarias. El reciente cambio de jurisdicción al juzgado federal de Campana representa apenas una batalla en una guerra legal más amplia.
Los abogados de la AFA celebran este movimiento, que fue solicitado por los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte. Su estrategia parece apuntar a diluir y dispersar las investigaciones que involucran a dirigentes como Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.
Las investigaciones comprenden múltiples causas que implican desvío de fondos, uso de tarjetas corporativas con gastos millonarios y sociedades offshore en Miami. Empresas como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC habrían permitido desviar al menos 42 millones de dólares.
Hasta el momento, los responsables de la AFA no se han presentado formalmente en los expedientes judiciales, aparentemente esperando que el escenario judicial se "acomode". Diferentes juzgados federales, incluyendo los de Comodoro Py, La Plata y San Martín, ya están interviniendo en estas investigaciones.
El caso tiene ramificaciones complejas: desde investigaciones patrimoniales hasta denuncias por apropiación indebida de recursos por 7.500 millones de pesos. Por ahora, la estrategia legal parece ser mantener la mayor dispersión posible de las causas para dificultar una investigación integral.
