El diputado nacional peronista entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie formalmente dos acuerdos bilaterales con Chile. Estos tratados otorgan actualmente beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en territorio argentino.
La iniciativa surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación prevista para noviembre de 2026 del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera. Según Michel, este retorno de la ruta "es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas". El proyecto insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a denunciar dos instrumentos legales: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (aprobado por Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición (aprobado por Ley 27.274).
Denunciar un tratado constituye la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas. Ambos acuerdos vigentes establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina. Si se denuncia, estas empresas perderían las ventajas impositivas de las que disfrutan actualmente.
Michel fundamentó su propuesta recordando que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes. A pesar de esto, Londres continúa promoviendo actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina. El legislador criticó que países "que se dicen hermanos" presten "colaboración logística" al accionar de empresas en territorio argentino disputado.
El proyecto señala que Argentina dispone de instrumentos legales para proteger sus derechos soberanos, como la Ley 26.659 (modificada por Ley 26.915), que establece prohibiciones y sanciones para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización competente. La iniciativa plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de este régimen debe acompañarse con una política integral que alcance también los instrumentos económicos y tributarios.
"Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país", sostuvo Michel. El legislador aclaró que el planteo "no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas", pero enfatizó que Argentina "no puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas".
