Un juez de Nuevo México condenó a Meta a pagar US$25.000 millones tras determinar que la compañía tecnológica, propietaria de Instagram y Facebook, había engañado deliberadamente a sus consumidores respecto a la protección de sus datos personales. Esta sentencia tiene sus raíces en el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que obtuvo información de millones de usuarios de Facebook sin autorización durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El fiscal general de Nuevo México interpuso la demanda contra Meta en 2021 después de que se revelara que la firma británica Cambridge Analytica había recopilado datos personales de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros. El estado acusó a Meta de mentir sistemáticamente a los usuarios de Nuevo México sobre quién tenía acceso a sus datos, cómo la empresa gestiona el discurso de odio y la desinformación en la plataforma, y otras políticas internas de privacidad y seguridad.
El jurado, en su veredicto del 25 de septiembre de 2026, determinó que 26 de las 29 declaraciones realizadas por Meta y sus directivos eran engañosas. Además, identificó más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, basándose en el número de usuarios afectados por cada declaración falsa. Según la legislación estatal, se pueden imponer multas de hasta US$5.000 por infracción, y la totalidad de los fondos será destinada al sistema educativo de Nuevo México, informó el fiscal general Raúl Torrez.
Durante la audiencia de sentencia del 1 de octubre de 2026, la abogada Randi McGinn solicitó sanciones entre US$35.000 y US$40.000 millones, argumentando que Meta solo entiende "el lenguaje del dinero y el valor de sus acciones". Por su parte, la defensa de Meta pidió limitar las sanciones a US$3.450 millones, alegando que una multa más alta podría desalentar la inversión empresarial en el estado. La defensa también argumentó que Meta no vende datos de usuarios y que Nuevo México no probó que algún consumidor hubiera sido efectivamente perjudicado.
Esta condena marca un hito importante en la regulación de las prácticas de privacidad de las grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos, estableciendo un precedente sobre cómo los estados pueden responsabilizar a las empresas de redes sociales por engaño a los consumidores.
