El gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar el paro de la CGT con una estrategia de confrontación directa, amenazando con severas consecuencias para los sindicatos que participen en la medida de fuerza.
Fuentes oficiales calificaron el paro como "sin sentido" y consideran que solo busca generar una imagen de paralización nacional, dependiendo especialmente de la adhesión de los sectores de transporte.
La principal advertencia se dirige a Omar Maturano y su gremio, a quienes el Ejecutivo amenaza con quitarles la personería jurídica si deciden realizar el paro, especialmente porque se encuentran en un período de conciliación obligatoria.
El gobierno ya anticipó que descontará el día de trabajo a los empleados estatales que se adhieran y está dispuesto a aplicar multas millonarias, manifestando una postura inflexible ante la protesta sindical.
En paralelo, el conflicto se produce en un contexto de tensión máxima, marcado por el reciente cierre de la empresa Fate y las discusiones sobre la reforma laboral que se debatirá próximamente en la Cámara de Diputados.
