El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral destinada a reducir la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo. El gobernador Rogelio Frigerio busca modificar el Código Procesal Laboral provincial para generar mayor previsibilidad entre empresas, trabajadores y aseguradoras, ordenando el sistema de pericias médicas y desacoplando los incentivos económicos de los peritos de sus conclusiones.
La reforma introduce cuatro cambios centrales. En primer lugar, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán seleccionados por concurso público. La particularidad radica en que cobrarán un sueldo fijo, desvinculando completamente sus ingresos del porcentaje de incapacidad que determinen o del monto de indemnizaciones. En segundo lugar, establece la aplicación obligatoria del baremo nacional para evaluar incapacidades laborales, unificando criterios entre peritos. Como tercera medida, modifica el cálculo de honorarios periciales, determinándolos por complejidad y calidad del trabajo en lugar de montos reclamados. Finalmente, elimina la obligación de depositar el monto de la condena como requisito previo para que empleadores apelen sentencias laborales.
Los números que justifican esta iniciativa son contundentes. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento alcanzó el 38%, la cifra más alta entre las principales jurisdicciones del país. Paralelamente, los índices de siniestralidad laboral disminuyen, lo que indica que el aumento de demandas no responde a más accidentes reales sino a factores procesales.
A nivel nacional, el fenómeno es igualmente preocupante. Hasta agosto de 2026 se registraron 14.966 juicios por accidentes de trabajo, un 11,3% más que el año anterior. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para fin de 2026 supera los 138.000 juicios, marcando un nuevo récord histórico. La UART señala que existe una brecha significativa: mientras las Comisiones Médicas cierran casos sin incapacidad, los peritos judiciales reconocen porcentajes de incapacidad en casi la totalidad de los casos judicializados, generando un fuerte incentivo a reclamar incluso en asuntos ya resueltos administrativamente.
La UART respaldó la iniciativa entrerriana como un "primer paso concreto y necesario" frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad. La reforma busca construir un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, con el propósito de reducir costos y generar mayor previsibilidad para trabajadores, empresas e inversores en la provincia.
