El Ministerio de Economía amplió este martes la emisión de deuda por $221.119 millones para saldar compromisos impagos con constructoras de obra pública. La medida quedó plasmada en la Resolución Conjunta 59/2026 firmada por Federico Furiase y Carlos Guberman, y busca regularizar una deuda acumulada durante años.
El pasivo incluye certificados de avance, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período enero de 2022 a diciembre de 2025, más pendientes de convenios rescindidos desde 2024. Todos estos compromisos se encuadran en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones creado en julio por el Ministerio de Infraestructura.
La cobertura de esta deuda se realizará a través de la reapertura de tres títulos en pesos: 33% en Lecap al 30 de octubre por $60.000 millones, otro 33% en Boncap al 15 de enero de 2027 por $51.000 millones, y el 34% restante en Boncap al 30 de abril de 2027 por $60.000 millones. Esta estructura de pagos distribuye el impacto financiero a lo largo de varios meses.
Sin embargo, relevamientos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) estiman que solo por comprobantes de obra la deuda trepa a $400.000 millones, casi el doble de lo ofrecido por el gobierno. Esta brecha sugiere que aún quedan compromisos sin regularizar.
La operación utiliza un mecanismo contable que evita impactar el superávit fiscal, imputándose a Aplicaciones Financieras y sin computar como gasto primario. Se trata del mismo procedimiento aplicado en mayo de 2024 con generadoras eléctricas, que recibieron un bono en dólares a 2038 con quita del 50%. El economista Nicolás Gadano cuestionó en redes sociales: "Hacienda emite $ 221 mil millones en instrumentos de deuda con intereses capitalizables, para cancelar obligaciones por pagos pendientes de obra pública. Todo por debajo de la línea, aguante el superávit fiscal", alertando sobre el diferimiento del costo real.
