El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. Esta iniciativa busca resolver la crisis de financiamiento que derivó en la suspensión de la ley anterior en octubre de 2025, generando un conflicto judicial que aún aguarda resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta, firmada el 18 de febrero de 2026 por el presidente Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las partidas presupuestarias de 2026. A diferencia de la norma anterior, este proyecto incorpora de forma explícita las fuentes de financiamiento, punto que el Ejecutivo señaló como la principal deficiencia de la ley vigente.
Entre los aspectos más relevantes, el proyecto establece ajustes presupuestarios automáticos cuando la inflación medida por el IPC del INDEC supere el 14,3% anual, blindando el poder adquisitivo universitario. Además, incrementa en $80.072.460.000 el financiamiento destinado a hospitales universitarios para garantizar el funcionamiento del sistema de salud. Para los salarios, propone aumentos escalonados del 4,1% para docentes y no docentes en marzo, julio y septiembre de 2026, además de convocar a paritarias mensuales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó no haber recibido una propuesta formal del Gobierno, aunque fuentes oficiales aseguran que se mantienen conversaciones informales. El Ejecutivo condicionó el avance de la normativa a la suspensión de la medida cautelar que actualmente obliga el cumplimiento de la ley anterior. La propuesta llega con pedido de pronta sanción, en medio de la tensión política generada por la multitudinaria marcha universitaria del 13 de mayo.
El nuevo proyecto define como objetivos garantizar el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes; ampliar la oferta académica según necesidades estratégicas del país; fortalecer la investigación y extensión universitaria; e incrementar becas para sectores vulnerables. Los gastos serán afrontados por la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano, con previsión de cobertura adicional mediante la Jurisdicción 91 en caso de excedentes.
