La diputada nacional Gabriela Estévez presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos, elaborado junto a la organización Sinergia Animal. La iniciativa busca que los consumidores puedan conocer las condiciones en las que fueron producidos los huevos que compran. Argentina es el país con mayor consumo per cápita de este alimento y, según las proyecciones del sector avícola, en 2026 alcanzaría un récord de 430 unidades por habitante.
El proyecto propone incorporar al etiquetado obligatorio una identificación del sistema de producción: jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, y orgánico. La información deberá aparecer en un lugar visible y legible del envase. Además, la obligación alcanzará a la publicidad comercial, que no podrá utilizar imágenes o recursos gráficos que puedan generar confusión sobre las condiciones de crianza de las gallinas.
La iniciativa se fundamenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Según una encuesta de Sinergia Animal Argentina, más del 78% de la población desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos proviene de sistemas de jaulas. Desde la organización sostienen que el objetivo es garantizar información clara para que cada persona pueda decidir qué producto comprar.
No es la primera vez que se impulsa una propuesta de estas características en el Congreso. En 2021, un proyecto similar, también elaborado por Sinergia Animal y presentado por el entonces diputado José Luis Ramón, no logró avanzar. En aquella oportunidad, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) manifestó su rechazo. Su titular, Javier Prida, cuestionó el mecanismo propuesto y defendió las condiciones de producción del sector, al señalar que la actividad cumple con las normativas de la Organización Mundial de Sanidad Animal y los controles del Senasa.
La diputada Estévez destacó que la iniciativa busca establecer reglas comunes para toda la industria y garantizar que la información de los envases sea clara y verificable. Por su parte, Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal Argentina, señaló que el acceso a esos datos no debería depender de la voluntad de cada empresa, sino estar respaldado por una normativa específica.
El proyecto establece un plazo de adecuación de doce meses desde su reglamentación, con la posibilidad de implementar cronogramas progresivos según la escala de cada productor. La propuesta no contempla prohibir la comercialización de huevos de ningún sistema ni imponer un modelo de crianza determinado, sino que busca que las distintas alternativas puedan identificarse fácilmente. Los incumplimientos quedarían alcanzados por las sanciones previstas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial.
