El Gobierno nacional trabaja actualmente en un anteproyecto de ley que busca modificar el régimen de las traducciones públicas en Argentina. Según el borrador en elaboración a julio de 2026, se propone derogar el artículo 6 de la Ley 20.305 —que regula el ejercicio de la profesión de traductor público en la Ciudad de Buenos Aires— y permitir que sea el Poder Ejecutivo quien determine, de manera excepcional, en qué trámites será obligatoria una traducción pública certificada.
Esta iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El ministro Federico Sturzenegger cuestionó semanas atrás la obligatoriedad de las traducciones certificadas, argumentando que encarecen procesos administrativos y desalientan inversiones. La propuesta ya ha generado preocupación entre traductores públicos matriculados y el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que consideran que la modificación va más allá de una cuestión administrativa y pone en riesgo la profesión misma.
La principal inquietud de los profesionales radica en quién responde legalmente por una traducción deficiente. Actualmente, el traductor público certifica la fidelidad del documento original y asume responsabilidad civil y profesional si la traducción genera perjuicio. Los matriculados están sujetos a un tribunal de conducta de su colegio profesional y pueden enfrentar reclamos civiles. Como afirmó Cecilia Andrea Irrazábal, traductora pública matriculada y abogada: "No se trata de quién traduce, sino de quién responde frente a un trabajo mal realizado". Sin este rol de responsabilidad profesional, cualquier persona podría presentar una traducción sin un profesional identificado que responda por ella.
Los traductores públicos intervienen en trámites cotidianos como homologación de títulos universitarios, procesos de ciudadanía, certificados de antecedentes penales y constitución de sociedades extranjeras. Damián Santilli, presidente del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que "no desaparece un trámite; desaparece una garantía jurídica". Además, señaló que organismos como Migraciones, la Inspección General de Justicia, la ANMAT y la Aduana actualmente reciben documentación del exterior que requiere traducción certificada. Los profesionales trabajan con documentación en más de 35 idiomas, incluyendo lenguas poco frecuentes como ruso, chino, japonés y árabe.
Respecto a los costos, los traductores públicos cuestionan que constituyan un obstáculo para las inversiones. Según los aranceles mínimos orientativos publicados por el Colegio en mayo de 2026, una traducción de documentos personales parte de $141.900, mientras que contratos y documentación jurídica comienzan en $198.700. El Ministerio de Desregulación informó que el proyecto aún no está cerrado y será enviado al Congreso para su tratamiento. Mientras tanto, el Colegio de Traductores ya inició gestiones ante autoridades nacionales para oponerse al anteproyecto, advirtiendo que "agotaremos todas las herramientas institucionales y jurídicas" disponibles para defender la profesión si la iniciativa avanza.
