Después de casi tres años de intensas negociaciones que erosionaron la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales finalmente lograron sellar un acuerdo económico que desbloquea el conflicto presupuestario. El pacto fue formalizado en el Palacio Sarmiento bajo la conducción del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con la participación de rectores y representantes gremiales.
El acuerdo contempla un aumento salarial del 24% para docentes y no docentes —distribuido en un 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre— junto con refuerzos significativos en becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Además, se autorizó una partida de $800.000 millones del Ministerio de Economía y se establecieron paritarias cada tres meses para lo que resta del año. Este resultado representa una mejora sustancial comparado con la "ley alternativa" que el Gobierno había intentado impulsar sin éxito, que proponía apenas un 12,3% de actualización.
El acuerdo incluye beneficios adicionales: $50.000 millones para hospitales universitarios que se suman a los $80.000 millones ya presupuestados, un 20% de aumento para gastos de funcionamiento y un 50% para becas Manuel Belgrano destinadas a carreras estratégicas. Sin embargo, no contempla incrementos para las becas Progresar, de alcance más amplio. Este desenlace llega tras dos semanas de conversaciones intensas y después de un derrotero que incluyó cuatro marchas federales masivas, paros docentes prolongados, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la "batalla cultural" libertaria desde abril de 2024, cuando más de 400.000 personas marcharon en defensa de la educación pública. Durante este período, el Gobierno cuestionó la eficiencia de las universidades públicas, acusó "curros" administrativos y resistió auditorías, mientras la comunidad académica advertía sobre la crisis salarial y la fuga de docentes hacia el sector privado e internacional.
Los datos reflejan la gravedad de la situación: según el CIN, renunciaron 10.000 docentes, con cifras alarmantes en universidades clave como la UBA, donde se registraron 438 renuncias en Exactas, 342 en Ingeniería, más de 100 en Agronomía y 103 en Veterinaria. Los sueldos académicos habían caído un 33% en términos reales, alcanzando los niveles más bajos de los últimos 23 años. Con este acuerdo, ambas partes buscan cerrar uno de los conflictos más persistentes de la gestión libertaria y evitar que continúe el deterioro de la educación superior pública argentina.
