Un caso que generó revuelo en el sistema educativo de Misiones pone en debate los mecanismos de control estatal. Juan Carlos Kategora, director de la Escuela N.º 733 de Colonia Paraíso, acumuló 3.363 días de licencia durante los últimos 18 años, equivalentes a más de nueve años de clases. El Consejo General de Educación (CGE) inició un sumario administrativo para verificar si las licencias se otorgaron conforme a la normativa vigente y si existieron irregularidades en su tramitación.
La denuncia fue presentada por el diputado provincial Cristian Castro del Partido Agrario y Social (PAyS) ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas en agosto de 2026. El legislador solicita determinar si las conductas pueden encuadrarse en delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público. Los registros oficiales muestran licencias por enfermedades comunes, atención de familiares y tratamientos prolongados, aunque no se trató de una ausencia continua: hubo períodos de reincorporación alternados con nuevos pedidos de licencia.
Solo durante 2026, Kategora registró 101 días de licencia por largo tratamiento y 45 días por cuidado de familiar enfermo. Como director de un establecimiento rural, percibía además un adicional salarial del 80% por zona desfavorable. La investigación debe determinar si todas las licencias contaron con respaldo médico válido y si existió superposición con tareas en la empresa estatal Energía de Misiones. Fotografías de supuestos viajes al exterior durante algunos períodos de licencia alimentaron el debate público, aunque expertos consultados señalan que estas imágenes por sí solas no constituyen prueba de fraude médico.
Daniela López, presidenta del CGE, recordó que en 2019 ya se había detectado un exceso en los plazos de licencias, aplicándose entonces un descuento del 50% sobre los haberes. Aclaró que las ausencias se alternaron con tramos de presencialidad durante los 18 años analizados. Tras aceptar la renuncia de Kategora en agosto de 2026, el organismo dispuso el cese inmediato de la liquidación de haberes. Si bien la salida del cargo impide aplicar sanciones estatutarias futuras, el sumario continuará su curso.
El proceso administrativo tiene un plazo máximo de seis meses y contempla la verificación exhaustiva de certificados médicos, diagnósticos, firmas y actuaciones de las juntas médicas. El expediente también deberá establecer qué áreas intervinieron en cada autorización, cómo funcionó el circuito administrativo y si los organismos involucrados compartieron adecuadamente la información laboral del docente durante este período de 18 años.
