La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el rechazo de una propuesta de reparación económica presentada por Leandro Kebleris, empresario acusado de participar en el desvío de fondos públicos del programa Potenciar Trabajo. Kebleris había ofrecido pagar 87.963.534 pesos para quedar fuera de la investigación, pero los jueces consideraron inadmisible este mecanismo en causas de fraude contra la administración pública.
La Sala I del tribunal respaldó el criterio del juez Sebastián Casanello, quien había rechazado la propuesta argumentando que aceptarla reduciría el delito a una cuestión meramente patrimonial, cuando en realidad afecta bienes jurídicos de carácter público y colectivo.
Los fundamentos del rechazo
Los magistrados sostuvieron que los fondos desviados estaban destinados a programas sociales y que el perjuicio no afecta únicamente al Ministerio de Capital Humano, sino también a los contribuyentes y beneficiarios del programa. Por este motivo, concluyeron que el daño investigado no puede repararse mediante el pago de una suma de dinero.
El tribunal también consideró que el Ministerio Público Fiscal y los organismos querellantes —la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera— se opusieron a la propuesta. Además, el expediente principal ya fue elevado a juicio oral respecto de otros 16 imputados, por lo que aceptar una reparación individual habría fragmentado la evaluación del perjuicio investigado.
El rol de Kebleris y las empresas pantalla
Kebleris aparece imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A., una sociedad que, según la investigación, no tenía actividad real ni capacidad económica. La empresa funcionó como "una usina de facturación apócrifa" para simular gastos vinculados al programa Potenciar Trabajo.
En octubre de 2021, Coxtex S.A. emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social. Los comprobantes consignaban supuestas compras de materiales e insumos que, de acuerdo con los peritajes judiciales, nunca existieron. Este mecanismo permitió desviar fondos públicos hacia actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes de la organización.
La causa principal y sus imputados
El expediente central ya fue elevado a juicio oral respecto de Eduardo Belliboni y otros 15 imputados, acusados de participar en un esquema de fraude y extorsión vinculado al programa Potenciar Trabajo, que administraba fondos destinados a aproximadamente 85.000 beneficiarios.
En noviembre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de la cúpula del Polo Obrero y agravó el encuadre penal. Los jueces consideraron que los hechos investigados configuran delitos de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. Concluyeron que los dirigentes se valieron de su posición dominante para exigir aportes de dinero y asistencia a movilizaciones a beneficiarios del programa, bajo la amenaza de perder el plan.
Circuito de empresas pantalla investigadas
La investigación determinó que Coxtex S.A. no fue la única firma utilizada. El expediente describe un circuito más amplio que incluyó a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa para simular adquisiciones y encubrir el desvío de fondos.
Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa Potenciar Trabajo. Según la acusación, más de 361 millones de pesos fueron desviados mediante la simulación de gastos, el uso de facturas apócrifas y la omisión de rendiciones obligatorias.
Próximos pasos en la justicia
Con el rechazo de la reparación confirmado, el expediente avanza hacia la instancia de juicio oral. La Justicia deberá definir las responsabilidades de los acusados de haber diseñado las empresas pantalla y ejecutado la operatoria de facturación apócrifa. Según la investigación, los fondos que debían llegar a los sectores más vulnerables terminaron financiando actividades ajenas al fin social del programa, contradiciendo los argumentos de los referentes piqueteros que afirmaban defender a estos sectores.
