Tras el desmantelamiento de "La Saladita" en Playa Bristol, más de 170 feriantes instalaron sus carpas y estructuras frente a la sede municipal de Mar del Plata. El operativo judicial, que incluyó allanamiento y secuestro de mercadería valuada en $500 millones, fue ejecutado por presunta violación a la ley de marcas y evasión fiscal. Ahora, los vendedores reclaman alternativas para continuar sus actividades en espacios públicos autorizados.
La protesta se desplegó sobre la avenida Luro, en el cruce con calle Yrigoyen, casi sobre la vereda del palacio municipal. Los manifestantes instalaron mostradores y estructuras metálicas con mercadería, acompañados por vendedores ambulantes con parrillas móviles y músicos que animaron la ruidosa manifestación. Según Walter Rivero, titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), permanecerán en el lugar "hasta que haya una respuesta" de las autoridades municipales, a quienes ya presentaron solicitudes de revisión del desalojo.
Rivero expresó que "los vendedores ambulantes tienen miedo de que les pase lo mismo que a los de Playa Bristol", refiriéndose a otras ferias que funcionan en plazas de la ciudad. El dirigente sindical, imputado en la causa del juez federal Santiago Inchausti, busca que se habilite un nuevo espacio para que los feriantes puedan desarrollar legalmente sus actividades comerciales sin temor a nuevos desalojos.
La feria de Playa Bristol, conocida como "La Saladita", fue autorizada por el municipio en 1999 por tres años, con renovaciones posteriores. Sin embargo, en los últimos años funcionó de manera irregular sin habilitación vigente. El allanamiento judicial, ejecutado por la Prefectura Naval Argentina durante casi 20 horas, resultó en el secuestro de más de 8000 artículos, mayormente mercadería que reproducía marcas registradas.
El intendente Agustín Neme celebró la decisión municipal, expresando que "Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad". Mientras tanto, el municipio continúa bajo presión de los vendedores ambulantes que buscan una solución que les permita mantener sus fuentes de ingresos de forma legal y autorizada.
