Un conflicto de competencias entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires llegó a la Corte Suprema provincial tras la aprobación de una ley que busca trasladar los aportes del personal no docente y docentes extraprogramáticos de colegios privados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) al Instituto de Previsión Social (IPS). Esta medida, incluida en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 bonaerense, generó una cascada de demandas judiciales de ambos gobiernos y de las instituciones educativas afectadas.
El Estado nacional presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma provincial, argumentando que excede las facultades locales en materia de seguridad social e invade competencias exclusivas del gobierno federal. Simultáneamente, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) también recurrió a los tribunales, advirtiendo que una ley provincial no puede imponerse sobre una nacional. Ambas partes solicitaron medidas cautelares para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el conflicto.
Los colegios privados advierten sobre el impacto económico significativo de esta medida. El cambio afectaría entre 50.000 y 55.000 trabajadores y generaría mayores costos laborales para las instituciones, especialmente por la pérdida del régimen diferencial de contribuciones patronales. Además, incrementaría los aportes personales de los empleados, ya que el sistema provincial exige contribuciones superiores al régimen nacional. La falta de claridad normativa y administrativa también genera incertidumbre sobre cómo proceder.
Un problema adicional es que muchos trabajadores tienen trayectorias laborales vinculadas al sistema nacional. Si comienzan a aportar al IPS pero no acumulan suficientes años en ese régimen, podrían no reunir los requisitos para jubilarse por la provincia y terminarían haciéndolo por Anses, mientras sus aportes fueron derivados al sistema provincial durante años. Esta situación genera graves consecuencias previsionales para los empleados.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, explicó que el problema central no es la voluntad de cumplir obligaciones previsionales, sino la falta de certeza sobre dónde corresponde ingresar los aportes. Las instituciones permanecen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe aún una disposición nacional que las libere expresamente del régimen de Anses. Mientras tanto, la Justicia debe resolver quién tiene la potestad para definir este cambio fundamental en el sistema previsional de los trabajadores educativos privados.
