El Gobierno libertario implementó un nuevo ajuste en políticas de discapacidad al revocar los subsidios destinados a empresas de transporte de larga distancia. La medida, formalizada mediante la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial con firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich, elimina las compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las compañías por los pasajes gratuitos.
La normativa deroga el régimen de compensaciones que desde 2018 permitía que el Estado solventara parcialmente los boletos gratuitos para beneficiarios de tres leyes fundamentales: la ley 22.431 sobre discapacidad, la ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera, y la ley 27.674 de protección integral de niños y adolescentes con cáncer. Con esta decisión, el gobierno busca equilibrar las cuentas fiscales trasladando la carga financiera hacia el sector privado.
Aunque se elimina el subsidio estatal, la resolución mantiene la obligación legal de las empresas de transporte de seguir otorgando los pasajes gratuitos. Los derechos de gratuidad establecidos en las leyes mencionadas permanecen vigentes, pero sin compensación económica para las compañías. Esta medida representa un cambio significativo en la política de inclusión social durante la gestión actual.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó designada como responsable de fiscalizar y garantizar que las empresas cumplan efectivamente con la emisión de pasajes gratuitos para los beneficiarios alcanzados por la normativa. La comisión deberá mantener los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones de gratuidad sin interferencia estatal en los costos operativos.
