El Gobierno nacional amplió el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales que se adhieran al protocolo nacional. La medida, formalizada mediante la Resolución 734/2026 del Enacom y publicada en el Boletín Oficial, habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales para impedir que sean usados en la planificación o coordinación de delitos desde el encierro.
Según la norma vigente, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI que identifica el equipo, el IMSI asociado a la SIM, y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos activados tanto en áreas de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos provinciales que se incorporen. Sin embargo, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.
La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. La ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus, planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo e impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario, protegiendo así a vecinos, comercios y usuarios ajenos al penal. Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas con criterios de integridad y trazabilidad, quedando disponible para usuarios y autoridades que la requieran.
El Enacom vinculó esta decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. La ampliación a las provincias se conoce meses después de que, el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenara decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.
