El Gobierno nacional ha incluido la derogación de la Ley 25.542 en un ambicioso proyecto de desregulación presentado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. La iniciativa, ya enviada a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para ser remitida al Congreso, busca eliminar el sistema de precio único de venta al público de los libros en Argentina.
Desde la cartera de Sturzenegger argumentan que la reforma tiene como objetivo "eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en distintos mercados". Según explicaron fuentes oficiales, la medida permitiría que las librerías ofrezcan descuentos y promociones, generando mayor competencia entre comercios y mejores precios para los lectores. El Gobierno respalda su posición con ejemplos internacionales, señalando que en el Reino Unido, tras eliminar el precio único en 1995, no solo se mantuvieron las librerías y la producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo en el sector editorial. La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro emitieron comunicados alertando que la derogación de la norma podría favorecer la concentración del mercado y poner en riesgo la continuidad de librerías independientes, editoriales pequeñas y medianas, además de afectar a autores y distribuidores. La Fundación El Libro enfatizó que esta normativa "es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón del territorio".
Las entidades del sector también destacaron que las librerías trascienden su función comercial, funcionando como espacios de encuentro, difusión cultural y promoción de la lectura. Advirtieron que una desregulación total podría derivar en el cierre de numerosos comercios dedicados al libro en todo el país, considerados patrimonio cultural nacional.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el debate pone sobre la mesa la necesidad de actualizar una legislación sancionada hace más de veinte años, en un contexto transformado por el crecimiento de plataformas de venta online, libros digitales y mercado de ejemplares usados. Será el Congreso quien deba discutir el alcance de la propuesta y su impacto futuro en el mercado editorial argentino durante los próximos meses de 2026.
