El conflicto laboral en la planta de Fate alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando la empresa alertó a las autoridades sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad del material radiactivo presente en sus instalaciones. El presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, envió una comunicación formal a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) expresando su preocupación por las condiciones de seguridad.
En la carta remitida el martes por la noche, Madanes Quintanilla informó que en el predio funciona "un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial". La empresa explicó que ha perdido el control del lugar debido a que la fábrica permanece ocupada por trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en el marco de su protesta por salarios impagos.
Como licenciataria del equipo radiactivo, Fate es responsable legalmente de garantizar la seguridad radiológica y física del material. Sin embargo, en su comunicación la empresa advirtió: "Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable". Esta declaración pone de relieve la tensión entre los derechos laborales de los trabajadores y las obligaciones regulatorias de la empresa.
La advertencia llegó horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocara la orden de desalojo de la planta ubicada en San Fernando. Los jueces respaldaron la permanencia de los trabajadores al considerar que el conflicto se enmarca en el derecho constitucional a huelga, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El tribunal también indicó que la disputa debe resolverse en el ámbito laboral y no en el penal.
Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que iniciará un sumario contra Fate por no haber pagado los salarios durante el período de conciliación obligatoria. Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que la medida podría derivar en una multa económica. La instancia de conciliación se extendió hasta el 16 de marzo con el objetivo de intentar resolver el conflicto entre la compañía y los trabajadores, buscando un equilibrio entre los derechos laborales y las exigencias de seguridad radiológica.
