El Senado podría aprobar hoy una modificación a la Ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina. Esta norma, sancionada en 2010, protege aproximadamente 17.000 cuerpos de hielo en el país, considerados reservas estratégicas de agua. El gobierno libertario impulsa cambios argumentando que la ley obstaculiza el desarrollo de industrias clave, especialmente la minería, mientras que organismos científicos y ambientalistas advierten sobre los riesgos para los recursos hídricos nacionales.
Los glaciares argentinos abastecen de agua a 36 de las 96 cuencas hídricas del país, beneficiando a más de 1.800 localidades con más de siete millones de habitantes. Su importancia varía según las condiciones climáticas: en períodos de sequía pueden aportar hasta el 60% del caudal de un río. Sin embargo, el inventario nacional registra un retroceso preocupante, con una reducción del 17% del hielo descubierto y del 23% de los manchones de nieve en los Andes desérticos. Existen casi 17.000 glaciares catalogados, la mayoría de escombro, distribuidos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
La reforma propone transferir a las provincias la autoridad final sobre la protección de glaciares y permitiría que cada jurisdicción defina qué cuerpos de hielo son relevantes en términos hídricos. Esta modificación beneficiaría directamente a siete proyectos mineros en etapa avanzada, entre ellos algunos de los más rentables del país: Josemaría, Los Azules y El Pachón, todos relacionados con la explotación de cobre. Algunos de estos proyectos atraviesan o están próximos a glaciares de escombro y superan los 17.000 millones de dólares en inversión.
Organismos científicos como el Ianigla, junto con organizaciones ambientalistas y 85 constitucionalistas, advierten que la reforma desvirtuaría el carácter de presupuestos mínimos de la ley actual. Señalan que los glaciares, al ser agua en estado sólido, trascienden jurisdicciones provinciales y requieren protección uniforme. Además, alertan sobre la capacidad limitada de fiscalización provincial ante proyectos mineros de gran escala y advierten que la medida vulneraría acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París, afectando potencialmente el tratado UE-Mercosur.
El debate central se concentra en si es posible compatibilizar la protección de glaciares con el desarrollo minero. Mientras el sector minero sostiene que la ley representa una limitación para la inversión, expertos señalan que factores macroeconómicos también han frenado el desarrollo del sector. La decisión del Senado de hoy definirá el futuro de estas reservas estratégicas de agua y su disponibilidad para generaciones futuras.
