El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a garantizar la continuidad de los pagos del programa Volver al Trabajo para aproximadamente 900 mil beneficiarios. La decisión judicial llega tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano de discontinuar el programa para reemplazarlo por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral.
La resolución judicial, emitida este martes, establece que el Estado debe mantener las prestaciones económicas vigentes en un plazo de tres días desde la notificación y hasta que se dicte sentencia definitiva. El tribunal consideró que la interrupción abrupta del programa sin una alternativa equivalente vulneraría derechos fundamentales de sectores vulnerables, incluyendo el acceso a condiciones dignas de trabajo, seguridad social, un nivel de vida adecuado y derecho a la salud.
En su fallo, el juzgado cuestionó severamente el esquema de vouchers propuesto por el Gobierno, señalando que no constituye una alternativa equiparable a las transferencias monetarias que recibían los beneficiarios. El tribunal evaluó que la propuesta oficial no garantiza la cobertura de necesidades básicas que eran atendidas mediante el ingreso mensual del programa, especialmente para personas que dependen de esos recursos para su subsistencia.
El magistrado enfatizó la urgencia de la medida al advertir sobre el "peligro en la demora" que representaba la finalización de pagos anunciada para principios de abril. Señaló que sin intervención inmediata, miles de personas quedarían sin ingresos en el corto plazo, tornando ilusoria la protección de sus derechos fundamentales.
El dirigente social Eduardo Belliboni celebró la decisión judicial expresando: "La Justicia acaba de darle un revés a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores. Le da carácter colectivo, es decir para todos. Le da 3 días para devolver. Le dice que si no cumple le va a poner multa inmediata. ¡¡¡La lucha rinde!!!".
