La abogada de Agostina Páez, la joven argentina detenida en Brasil por gestos racistas, explicó este miércoles los motivos detrás del giro estratégico en su defensa. Carla Junqueira reveló que su cliente lanzó un pedido de disculpas públicas tras semanas de silencio, reconociendo que en Brasil los delitos de racismo "no quedan impunes".
Tras el cambio de estrategia legal, Páez publicó un mensaje de arrepentimiento: "He cometido un error del cual he aprendido; tuve una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido". Este giro apunta a negociar que la joven pueda regresar a Santiago del Estero y continuar el proceso judicial desde Argentina, bajo vigilancia electrónica.
Junqueira explicó que la defensa anterior recomendaba no pedir disculpas por temor a que constituyera un reconocimiento del delito. Sin embargo, la nueva estrategia reconoce la evidencia de video viral: "El gesto está, es incuestionable. Entonces cometió un error, tiene que pagar las consecuencias". La abogada argumenta que Páez actuó en un momento de emoción alterada tras un conflicto, lo que podría considerarse una atenuante.
La defensora señaló que su cliente ya está sufriendo consecuencias significativas: privación de libertad, tobillera electrónica y prohibición de regresar a su país. Estos factores constituirían una "anticipación de la pena" que justificaría permitir que cumpla su condena con monitoreo electrónico desde Argentina, similar al caso de futbolistas argentinas detenidas en Brasil en 2024.
Junqueira confirmó que se reunirá este jueves con el cónsul general de Argentina en Río de Janeiro para que el consulado se comprometa ante la Justicia brasileña a garantizar el cumplimiento de la legislación penal. La abogada enfatizó que aunque Brasil permite varios crímenes que quedan impunes, el racismo es la excepción, especialmente tras la Ley 14.532 de 2023 que equiparó la injuria racial al delito de racismo, transformándolo en un crimen imprescriptible con penas de 2 a 5 años de reclusión.
