El Gobierno porteño implementó una nueva etapa del plan de ordenamiento territorial en la Villa 31, enfocada en controlar el crecimiento urbano desordenado y fortalecer la seguridad en el barrio. Desde el jueves pasado entraron en vigencia medidas restrictivas en los accesos principales que incluyen retenes policiales permanentes y modificaciones en los patrones de circulación vehicular.
Una de las estrategias centrales consiste en limitar el ingreso de materiales de construcción para detener las edificaciones irregulares que han proliferado en los últimos años. Paralelamente, se ejecutarán inspecciones exhaustivas de obras en curso, desalojos de terrenos ocupados sin autorización legal y clausuras de establecimientos dedicados a actividades no habilitadas que funcionan en la zona.
El operativo requiere la coordinación de múltiples áreas del gobierno local, incluyendo las secretarías de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo declarado es reforzar la presencia estatal en el territorio y establecer un orden urbano sostenible que mejore las condiciones de vida de los residentes.
Los cambios más evidentes incluyen la transformación de varias entradas vehiculares en accesos peatonales, la instalación de puestos fijos de la Policía de la Ciudad en puntos estratégicos y la incorporación de controles móviles. Además, se modificaron sentidos de circulación en calles específicas y se colocaron bolardos para restringir el paso de vehículos en determinadas áreas.
"Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad", expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, enfatizando la determinación de la administración por implementar regulaciones más estrictas.
Las autoridades atribuyen estas medidas al crecimiento descontrolado que experimentó el barrio en años recientes, señalando que el proceso de urbanización iniciado en 2016 resultó insuficiente para contener la expansión. En este contexto, justificaron la necesidad de avanzar con regulaciones más rigurosas que prevengan riesgos estructurales y sociales.
