La Justicia Federal ha admitido al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz como querellantes en la causa CFP 3960/2026, que investiga el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Esta decisión, tomada, les permite intervenir activamente en el expediente, presentar documentación y solicitar medidas de prueba.
Según los datos incorporados a la causa correspondientes al período entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el SISVIAL recaudó aproximadamente $1,5 billones, pero solo $394.406 millones fueron destinados a infraestructura vial. Esto representa una subejecución del 73,8%, con más de un billón de pesos que habría permanecido colocado en títulos públicos y plazos fijos. Quintela cuestionó fuertemente este destino de los fondos: "Los recursos que se cobran para mantener las rutas no pueden utilizarse para sostener el ajuste ni para mostrar un equilibrio fiscal construido sobre el abandono de las provincias. Ese dinero tiene una finalidad específica y el Gobierno nacional debe explicar dónde está y qué hizo con él".
La Provincia de La Rioja también denuncia la paralización de obras estratégicas con avances superiores al 64%. Entre ellas figuran la pavimentación del Paso Internacional de Pircas Negras sobre la Ruta Nacional 76, la nueva Ruta Nacional 73 entre La Rioja y Chilecito, y el túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75 en Los Sauces. Quintela enfatizó la importancia de estas obras: "Son fundamentales para la seguridad, la producción, el turismo y la integración de La Rioja con el resto del país y con Chile. Paralizarlas significa desperdiciar lo que ya se invirtió y cerrar oportunidades de desarrollo".
El gobernador también destacó el impacto más amplio de la paralización de estas obras: "Hablamos de vidas que se ponen en riesgo, de productores que necesitan sacar su producción, de trabajadores, del turismo y de una provincia que necesita infraestructura para crecer e integrarse". Además, La Provincia señaló que ha debido afrontar con recursos propios tareas de mantenimiento que corresponden al Estado nacional, agravando la situación fiscal provincial.
La presentación fue realizada por Quintela junto al fiscal de Estado, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Roque Ibarra, con patrocinio jurídico de Jorge Yoma. Con su incorporación como querellantes, La Rioja busca que avance la investigación sobre el destino de los fondos y que se reactiven las obras paralizadas. "Queremos que se determine qué ocurrió con los fondos, que los recursos vuelvan a las rutas, que las obras se reactiven y que el Estado nacional cumpla con sus responsabilidades", concluyó Quintela.
