La Libertad Avanza (LLA) anunció este que promoverá un juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien ordenó la suspensión provisoria por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El espacio político cuestiona el alcance de la medida cautelar y la vincula con la situación de inseguridad en territorio bonaerense.
Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, aseguró que la decisión de la magistrada busca frenar una norma aprobada por el Congreso de la Nación. Describió el fallo como "profundamente antidemocrático" y señaló que la ley ya atravesó el tratamiento legislativo correspondiente. "Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política", expresó. Otros dirigentes libertarios como Carlos Curestis y Juan Osaba también criticaron la cautelar, argumentando que garantiza la impunidad de delincuentes y deja sin respuesta a las víctimas.
La resolución fue firmada por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y fundamentó la suspensión en la "falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado" necesarios para incorporar adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense. Cabe destacar que no declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Desde el Gobierno nacional también hubo críticas. La senadora Patricia Bullrich, impulsora de la reforma, atribuyó la medida a una "Justicia provincial garantista". El diputado nacional Diego Santilli cuestionó al gobernador Axel Kicillof, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso respondió que una reforma de esa magnitud requiere juzgados, fiscalías, centros especializados y recursos, reclamando fondos nacionales para su implementación.
La medida también generó tensiones dentro del Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción, argumentando que la resolución carece de alcance general. "Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza", afirmó en declaraciones radiales del 8 de septiembre. Zárate señaló que la nueva ley ya produjo efectos en causas judicales, incluyendo revisiones de condenas por el principio de ley penal más benigna.
Pascual, con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia, ha ocupado cargos en organismos provinciales y fue ministra de Desarrollo Humano. En declaraciones recientes, señaló que no rechaza la reducción de la edad de imputabilidad, pero advirtió que su aplicación exige dispositivos estatales adecuados para atender a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
