La Universidad de Buenos Aires alertó sobre una situación crítica en sus hospitales universitarios debido a la falta de financiamiento del Gobierno Nacional. Según las autoridades de la institución, durante los primeros cuatro meses del año 2026 no se transfirieron los fondos necesarios para el funcionamiento operativo de estos centros de salud, acumulando una deuda de aproximadamente 20.000 millones de pesos. A pesar de que el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales, los recursos no han llegado a destino, comprometiendo insumos, mantenimiento y servicios esenciales.
Los hospitales universitarios afectados son seis instituciones de gran relevancia: el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo", el Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza", el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Estos centros atienden a más de 700 mil personas por año, lo que subraya la magnitud del impacto que tendría su cierre o paralización en la comunidad. Los directores de la red de hospitales realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas para visibilizar la gravedad de la situación.
El conflicto se intensifica en el contexto de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada dos veces por la Justicia. A pesar de estas garantías legales, el Ejecutivo nacional no ha transferido los fondos correspondientes y ha presentado recursos extraordinarios para suspender artículos clave sobre recomposición salarial y becas estudiantiles. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, criticó duramente esta situación: "El Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal".
Esta crisis se suma a la tensión ya existente en el sistema universitario nacional, donde docentes y no docentes reclaman por la aplicación efectiva de la ley de financiamiento y la actualización salarial. El Ministerio de Capital Humano, por su parte, ha intimado a los rectores a garantizar el dictado de clases durante los paros docentes, exigiendo planes de contingencia y modalidades alternativas para que los estudiantes no pierdan regularidad. Sin embargo, las universidades argumentan que es imposible garantizar derechos educativos sin los recursos financieros necesarios.
La situación escalará nuevamente el próximo 12 de mayo, cuando se realizará una nueva marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El reclamo central será la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la transferencia de los fondos adeudados. La movilización se espera sea masiva, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, reflejando el profundo descontento de la comunidad universitaria frente al desfinanciamiento sistemático de la educación pública superior.
