El gobierno nacional presentó ante el Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto integral diseñado para fortalecer los derechos de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario del país. La iniciativa, estructurada en seis áreas estratégicas, busca modernizar el sistema de registros y acelerar procesos clave en el sector.
Entre las medidas más significativas se encuentra la eliminación de las restricciones generales para que extranjeros compren tierras rurales, manteniendo solo autorizaciones previas para Estados extranjeros y empresas con participación estatal. "Quien representa un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional sigue sin poder comprar", aclara el texto. Esta reforma busca equiparar a los inversores privados extranjeros con las reglas aplicables a cualquier inversor, eliminando barreras que limitaban operaciones en zonas de frontera.
La ley también introduce un procedimiento sumarísimo para la recuperación de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, incluyendo garantías de debido proceso y control judicial. Asimismo, delega responsabilidades a provincias y municipios para regularizar tierras en barrios informales, reemplazando un mecanismo centralizado que resultó ineficiente: solo el 0,08% del suelo en barrios del RENABAP contaba con título de propiedad privada bajo la ley anterior.
En materia de expropiaciones, el proyecto limita la discrecionalidad estatal estableciendo criterios precisos de valuación con actualización por IPC y reconocimiento de lucro cesante. Se fija un límite de 60 días para ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias. Además, incorpora la digitalización integral de registros inmobiliarios y crea una "Ventanilla única Federal Inmobiliaria" para gestión remota de certificados en todo el país.
La reforma también modifica la llamada "ley del fuego", restringiendo las prohibiciones de uso a bosques nativos y áreas específicas según ordenamiento territorial, flexibilizando restricciones previas que alcanzaban bosques implantados y tierras productivas. Estos cambios responden a datos concretos: en 2025, las escrituras en Buenos Aires aumentaron 70% respecto a 2023, pero la infraestructura de registros aún opera mayormente en soporte físico, generando demoras y costos elevados de transacción.
