El pasado domingo, durante la 17ª edición de la carrera de trail running Doble Apolo en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, un grupo de jinetes de la comunidad mapuche Leufuche interceptó a los corredores utilizando piedras, fustas y boleadoras, resultando en al menos dos participantes heridos. Este incidente volvió a exponer un profundo conflicto territorial que enfrenta al municipio de General Roca con la comunidad indígena local.
Los organizadores de Multieventos del Valle aseguran contar con todas las autorizaciones necesarias de la municipalidad, Vialidad Rionegrina y propietarios de campos linderos, calificando el ataque como "premeditado". Sin embargo, desde la Confederación Mapuche de Neuquén señalan que los organizadores "autorizan irresponsablemente sin tener en cuenta que atraviesan territorios comunitarios ya castigados por el abandono del Estado". La comunidad Leufuche sostiene que el evento se desarrolló íntegramente dentro de su territorio sin realizar un proceso de consulta previa, libre e informada, como exigen las normativas internacionales y la Constitución Nacional.
La lof Leufuche, integrada por siete familias con personería jurídica reconocida, denuncia años de "violaciones sistemáticas" a sus derechos territoriales. Según su comunicado, durante los últimos 18 años esta competencia ha provocado el cierre de accesos a sus puestos, atropello de animales y pérdida de ganado espantado por el ruido. Además, señalan que las únicas bajadas de agua para sus vacas son utilizadas como parte del circuito de carrera. El conflicto tiene raíces en la creación del Área Natural Protegida en 1997, concebida exclusivamente como espacio turístico y recreativo para habitantes de General Roca, sin definir claramente las formas de convivencia con las actividades productivas de la comunidad.
La comunidad mapuche reafirma su "derecho a la gobernanza y autonomía" dentro de su territorio y exige que cualquier actividad futura cuente con su consentimiento explícito. Denuncian que las políticas estatales del gobierno provincial de Alberto Weretilneck y del municipal de María Emilia Soria son "violatorias de los derechos indígenas, del plexo normativo internacional y de la Constitución Nacional, además de racistas y antimapuche". Aunque han ganado denuncias civiles y penales en la Justicia, el conflicto persiste sin resolución definitiva.
Mientras la organización de la carrera anuncia que recurrirá a la Justicia para denunciar las agresiones, en redes sociales muchos corredores de trail running respaldan los planteos de la comunidad mapuche, aunque repudian la violencia ejercida contra los participantes. El incidente refleja la tensión permanente entre el uso recreativo del territorio y los derechos productivos y territoriales de una comunidad que habita la zona desde hace más de cien años.
