El próximo lunes 3 de agosto de 2026, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La protesta surge como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que ha mantenido el sueldo mínimo docente estancado en 500 mil pesos durante el último año. En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo día un plan de lucha alternativo que incluye trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano.
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de esta norma vigente, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación legal de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio. La cartera subrayó que esta normativa protege "el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles" y advirtió que el incumplimiento será sancionado "por los medios legales aplicables".
Los reclamos de CTERA incluyen la convocatoria urgente a la paritaria, aumentos salariales, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. La organización también rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, además de exigir mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA denuncia un "ajuste en la educación" y el desfinanciamiento del sistema educativo que ha generado pérdida de poder adquisitivo para los docentes.
La CGT, a través de su Secretaría de Políticas Educativas encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el marco legal actual representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Las acciones previstas incluyen "semaforazos" en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Esta decisión refleja la preocupación de los gremios sobre las "duras sanciones" que podría enfrentar el sector docente por desobedecer la Ley 27.802.
Aunque una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical, tras la apelación del Gobierno el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Durante agosto de 2026, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y movilizaciones, buscando visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios.
