Tres semanas después del colapso del estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires en Parque Patricios, el Gobierno de la Ciudad solicitó formalmente intervenir en la causa como querellante. La administración porteña argumentó que busca "proteger los intereses patrimoniales y operativos" del Estado local y colaborar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 3 de marzo.
El derrumbe no solo afectó a vecinos y propietarios, sino que también generó un impacto significativo para el distrito. El Gobierno destacó que fue necesario desplegar un operativo de emergencia extraordinario con recursos públicos destinados a rescate, atención sanitaria, inspección técnica, defensa civil, seguridad y prevención de riesgos. Además, se implementaron medidas como evacuaciones preventivas, restricciones a la circulación, cortes de suministros y clausuras, junto con asistencia a familias desplazadas y gestiones de alojamiento transitorio. La Ciudad argumentó que esta "afectación concreta, inmediata y diferenciada" la posiciona como "víctima directa por las erogaciones y recursos públicos comprometidos".
Mientras avanza la investigación judicial ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, el complejo enfrentó una nueva alarma. Vecinos reportaron grietas, baldosas levantadas y un ventanal hundido en la Torre A del Sector 2, lo que activó una evacuación preventiva ordenada por Bomberos. Aunque la constructora Cosud argumentó que estos desperfectos no tienen vinculación con el derrumbe del subsuelo, los residentes continuaron expresando preocupaciones sobre la seguridad estructural y la habitabilidad del edificio.
Las autoridades dispusieron un levantamiento parcial de la clausura preventiva en sectores considerados aptos para habitar, manteniendo restricciones en áreas que aún se evalúan. La Fiscalía autorizó un reingreso parcial y progresivo, coordinado con un plan operativo del Gobierno que incluye asistencia psicológica y orientación sobre sectores habilitados. Metrogas comenzó a restablecer servicios en departamentos alcanzados por la autorización judicial, mientras continúan los trabajos de normalización del complejo.
El panorama sigue en evolución: la nueva evacuación preventiva de la Torre A obligó a reevaluar el esquema de reingreso, mientras vecinos aguardan definiciones sobre el alcance de las fallas reportadas y el cronograma de normalización. En paralelo, la solicitud formal del Gobierno para intervenir como querellante suma un nuevo capítulo a la investigación del derrumbe, que continúa bajo la dirección de la fiscalía porteña.
