En medio de un nuevo paro docente nacional y manifestaciones frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia le propinó un nuevo revés al Gobierno al rechazar su apelación y confirmar la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión obliga a la administración de Javier Milei a cumplir inmediatamente con la actualización de salarios universitarios y becas estudiantiles.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, ratificó la cautelar que ordena cumplimentar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado. Esta resolución judicial es definitiva y no admite más apelaciones del Ejecutivo.
El Gobierno había promulgado la ley en octubre pasado, en el último día de plazo disponible, pero condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Esta estrategia, similar a la utilizada con la ley de discapacidad, intentaba postergar indefinidamente la implementación de los beneficios para docentes y estudiantes universitarios.
Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN, celebró la decisión judicial como "una gran noticia" y "una decisión extremadamente relevante para la comunidad universitaria". Sin embargo, advirtió que "lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial", reconociendo que aún existe incertidumbre sobre si el Ejecutivo acatará la sentencia de manera inmediata.
