El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un ambicioso paquete de leyes de desregulación que busca suprimir organismos e institutos vinculados a la actividad económica y productiva. Desde su asunción como ministro de Desregulación en 2023, Federico Sturzenegger ha mantenido en su mira la eliminación de los institutos de promoción, avanzando mediante el DNU 70/23, la Ley Bases y diversos decretos con el argumento de reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en sectores como la energía, la cultura y el agro.
El nuevo megaproyecto que prepara Sturzenegger —apodado "el coloso" por el presidente Javier Milei— vuelve a apuntar a los institutos de promoción y desarrollo bajo la premisa de que atentan contra la liberalización del mercado. Sin embargo, esta iniciativa impacta directamente en institutos que operan en provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada, lo que podría complicar el apoyo de gobernadores que hasta ahora han acompañado legislativamente al oficialismo.
El megaproyecto de 349 artículos incluye la derogación de leyes clave: la Ley 26.020 sobre Régimen de Gas Licuado de Petróleo; la Ley 23.149 de promoción vitivinícola; la Ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuya liquidación está prevista; y reformas a la Ley 25.507 del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), eliminando su sistema de financiamiento obligatorio. También deroga la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la Ley 23.316 de Doblaje.
Entre julio de 2024 y julio de 2025, según el Ministerio de Desregulación, el gobierno disolvió, fusionó o reformuló 101 organismos públicos. Entre ellos figuran el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), y diversos regímenes de promoción sectorial agropecuaria. Adicionalmente, instituciones como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el INTI, el INTA y el Instituto Nacional de Yerba Mate fueron desfinanciadas o perdieron capacidad de mediación sectorial.
Esta nueva embestida contra los organismos de promoción marca un punto de inflexión en la política de desregulación del gobierno. A diferencia de iniciativas anteriores que afectaban principalmente a provincias no alineadas, estos cambios impactan directamente en estructuras productivas de provincias aliadas, especialmente en el sector vitivinícola de Mendoza y en la ganadería bovina, generando tensiones potenciales en las relaciones parlamentarias que el oficialismo necesita para avanzar su agenda legislativa durante 2026.
